Expertas y expertos internacionales, exigen investigación autónoma y justicia integral, frente a la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro niños afro descendientes en Guayaquil Ecuador

Como ex vicepresidentes, expertos y expertas independientes que hemos acompañado al Estado de Ecuador desde el Comité de Derechos del Niño de la ONU desde hace más de veinte años, expresamos nuestra profunda preocupación por el caso de la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de cuatro niños afrodescendientes en Guayaquil, Ecuador, presuntamente a manos de una unidad militar, porque constituye una grave violación de derechos humanos en un contexto de creciente militarización en América Latina. Este hecho refleja un uso desproporcionado de la fuerza letal y la consolidación de un modelo militar represivo que afecta principalmente a sectores criminalizados, como la niñez y juventud afrodescendiente y pobre. Bajo el decreto ejecutivo 111 del 10 de enero 2024, donde el Gobierno de Noboa reconoce la existencia de un conflicto armado interno, se autorizó la intervención militar en espacios civiles, contraviniendo las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano de garantizar la protección de los derechos fundamentales de sus habitantes, especialmente de la infancia y juventud.

La desaparición forzada y posterior asesinato de estos niños, con evidencia de participación militar, se inscribe en un patrón que vulnera el derecho a la vida, protegido por el artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y artículo 6 de la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN). Las prácticas de tortura, el trato inhumano y ejecución extrajudicial a los que fueron sometidos también constituyen una transgresión a los artículos 5 de la CADH y 37.a de la CDN.

Asimismo, el Estado incumplió su obligación de proporcionar protección especial a la infancia contra toda forma de abuso, negligencia, maltrato o explotación, según lo determinan los artículos 19 de la CADH y 19 de la CDN, y en las disposiciones del corpus juris internacional que garantizan los derechos de niñas, niños y adolescentes. La respuesta estatal, centrada en la criminalización de las víctimas y en la deslegitimación de las denuncias, demuestra una negación de su deber de investigar y sancionar, situación que agrava la posibilidad de impunidad.

En este marco, se exige al Estado ecuatoriano una investigación autónoma, con respaldo técnico de una comisión internacional que garantice la imparcialidad y eficacia del proceso. Es esencial que se esclarezcan los hechos y se identifique a los responsables materiales e intelectuales, tanto en el ámbito militar como político. Asimismo, se demanda la cooperación plena y transparente de las Fuerzas Armadas, quienes deben entregar toda la información relacionada con la operación que culminó en la desaparición de los niños.

En última instancia, la erradicación de la impunidad exige sanciones ejemplares para los responsables, tanto a nivel militar como institucional. Esto implica establecer un precedente que garantice la reparación integral de los daños sufridos por las familias de las víctimas y la adopción de garantías de no repetición que permitan superar los ciclos de violencia que afectan a la infancia en la región. Para ello, la comunidad internacional tiene un papel crucial en el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de estas obligaciones, asegurando que los Estados respeten y protejan los derechos fundamentales de sus poblaciones más vulnerables 

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