Machain: “Se intenta una prisionalización selectiva de adolescentes y jóvenes”.
El proyecto que promueve el Gobierno nacional para la baja de imputabilidad de menores “es una cortina de humo que busca correr el eje de los problemas socioeconómicos que agobian hoy a los argentinos”, apuntó a AIM José Machain, integrante del Observatorio Derechos de Infancia Eduardo Bustelo, quien advirtió que las autoridades nacionales promueven una iniciativa que “intenta una prisionalización selectiva de adolescentes y jóvenes”.
“A diferencia de otras oportunidades de esta misma iniciativa, que se dieron a partir de casos resonantes mediáticamente de algún suceso violento o situación en el que estaba involucrado un menor de edad, en esta oportunidad no es así, por lo que hay que entenderlo en el marco de la profunda crisis de la situación socioeconómica que vive Argentina, es decir, intentar tratar esto en el Congreso es una cortina de humo para evitar debatir lo qué ocurre y correr el eje a la ‘inseguridad’ u otros debates como el Régimen Electoral”, dijo a esta Agencia Machain.En un escenario latinoamericano complejo y en un año electoral, la coalición de Gobierno de centro derecha busca profundizar su agenda de criminalziación de la juventud y la pobreza, impulsando la baja de punibilidad de menores.
Sin embargo, el referente social aclaró que la pretensión de la baja de punibilidad de menores “es una pretensión que vienen insistiendo algunos sectores desde hace muchísimos años y, en determinadas oportunidades, surgen estas iniciativas siempre, intentando encuadrar eso dentro de la lucha contra la inseguridad, que es una falacia”, ya que remarcó que la situación de menores de edad involucrado en delitos graves es ínfima.
Precisamente, las estadísticas del sistema judicial indican que la “participación de menores de edad, sobre todo, menores de 16 años, es ínfima”, por lo que “no es un argumento para encuadrarlo en clave de política contra la inseguridad, sino que responde a la pretensión de sectores retrógrados, de derecha, sobre la punición de una población históricamente bastante estigmatizada, que no significa otra cosa que la pretensión de la punición y estigmatización de los adolescentes y jóvenes de sectores más desfavorecidos”.
Al respecto, Machain advirtió que “hay una prisionalización selectiva de adolescentes y de jóvenes que estigmatiza a determinada población de la Argentina y va en contra de distintas manifestaciones de la Secretaría de Niñez del Gobierno y de organizamos internacionales que trabajan por las políticas y derechos de infancia como Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ,que manifestó que cualquier debate sobre la actualización del Régimen Penal Juvenil no debía impulsar la baja de la edad de punibilidad”. Además, apuntó que los funcionarios nacionales “omiten los acuerdos firmados en el Consejo Federal de Niñez, en el que se declaró que todo debate sobre el Régimen Penal Juvenil no debe contemplar la baja de la punibilidad”, a lo que se suma que en febrero de 2017 el 85 por ciento de los especialistas consultados por el Gobierno Nacional recomendaron que de ninguna manera puede haber una baja de punibilidad.
Lo que promueve el Gobierno de Cambiemos “es una actitud caprichosa, es una cortina de humo, para poner en agenda un tema que no es oportuno”.
En ese marco, señaló la reforma no debe ser arbitraria como la que anunciaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich, sino que Argentina tiene que reparar la deuda que tiene con la juventud y los adolescentes “adecuando su Régimen Penal Juvenil a los estándares y criterios de derechos humanos de las infancias porque aún en el país hay un régimen que data de la época de la dictadura”.
“Esto es una deuda que tiene el Congreso nacional, pero de ninguna manera, esto debe implicar una baja. El Régimen debe contemplar los criterios que tiene la Convención de respetar cada uno de los procesos evolutivos de la infancia”, remarcó Machain, quien agregó: “Algunos consideramos la necesidad de que se incorpore el criterio de la justicia restaurativa, que apele a las responsabilidades, pero de ninguna manera a una situación punitiva que iguale a un menor a las penas de los adultos”.
