Comunicado
Menos derechos para la infancia,
más violencia institucional para la sociedad.
más violencia institucional para la sociedad.
“La infancia y la
adolescencia como categorías sociales, tienen una limitación constitutiva ya
que no pueden auto representarse. Así en la mesa de negociaciones los niños,
niñas y adolescentes no tienen muchas veces quien los defienda. La infancia no
“ocupa” ningún rol social, ni productivo estratégico, ni puede organizar
piquetes para tomar un determinado espacio público para reclamar por sus
postergadas necesidades. Como los niños, niñas y adolescentes no tienen
“poder”, el destino de sus derechos es frecuentemente un dramático silencio. Y
es por esa “fragilidad” constitutiva de la infancia como actor social y por lo
que la misma representa que necesita ser colocada en un lugar político central,
para proteger y promover sus derechos”
Eduardo Bustelo
Los
abajo firmantes sostenemos que la ausencia de políticas destinadas a la
protección de la infancia de parte del gobierno de Macri en su primer año de
gestión, se agrava aún más con su iniciativa de bajar la ¨edad de
imputabilidad¨, por la que se pretende que los pibes de 14 años puedan ser
perseguidos y encarcelados.
Este
retroceso legal expone a la Argentina, al descrédito, la condena y las
sanciones internacionales, como ya ha sido advertido claramente este Gobierno
en los últimos meses por diversos Organismos Internacionales de protección de
Derechos Humanos.
El
Estado Argentino está obligado por imperativo constitucional y convencional, al
rechazo a la baja de la edad mínima penal, sustentado en el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos, en especial en la Convención sobre los
Derechos del Niño de la ONU con rango Constitucional desde el año 1994.
El
Comité de Derechos del Niño postula que la edad mínima de responsabilidad penal
se fije en el nivel más alto posible –los 14 o 16 años-; y por imperio del
principio de no regresividad, deben evitarse bajas como surge de la propuesta
veraniega que de modo “espasmódico” emite el gobierno nacional a raíz de un
hecho doloroso al comenzar un año electoral.
Frente
a estos antecedentes, el Ministerio de Justicia pone en evidencia su carencia
de autoridad política para impulsar debates de tal envergadura, debido al
profundo desconocimiento de los antecedentes históricos que la Argentina
registra en este tema.
Denunciamos
la contradicción con el principio del ¨interés superior del niño¨ que esconde
la propuesta del Ministro de Justicia Germán Garavano, que generaría una
arquitectura institucional basada en la penalización de niños, niñas y
adolescentes que roza lo inconstitucional.
Sabemos
que no son hechos aislados, quieren terminar con la construcción política de
esta década basada en la ampliación de los derechos sociales y ciudadanos para
imponer un modelo de ajuste económico neoliberal. La vulnerabilidad no es un
efecto no deseado del ¨sinceramiento¨ del mercado sino una condición del
control y la represión al servicio del poder concentrado.
Alertamos
a la sociedad sobre este nuevo intento de la derecha conservadora argentina de imponer
una agenda pública que asocia delito y adolescencia, buscando aplicar
el Código Penal a personas menores de 16 años.
Nuestra historia social es rica en políticas, herramientas y
construcciones sociales destinadas a abordar problemáticas infanto-juveniles. No
es que no debe hacerse nada con los menores de 16 años involucrados en comisión
de delitos, sino que las intervenciones deben estar organizadas en el marco de un
sistema de políticas públicas que privilegie las medidas socio-educativas
alternativas al encierro; que sea especializado como requiere un adolescente en
proceso de desarrollo; que ponga su prioridad en la prevención, para evitar las
transgresiones penales y promover la reintegración de aquellos que cometieron
infracciones. Es imperioso contar con una norma que, además, no permita imponer
castigos en nombre de la protección.
Consideramos que el Régimen Penal Juvenil vigente debe ser
modificado. Coincidimos con lo señalado por los organismos de Derechos Humanos,
lo ordenado por la Corte Suprema de la Nación y también la Corte Interamericana
de Derechos Humanos. Ningún
organismo de Derechos Humanos, tampoco UNICEF, mucho menos quienes trabajan con
chicos y chicas reclaman o concuerdan con reducir la edad de punición penal.
Sabemos
que la idea de un crecimiento exponencial del delito juvenil y del supuesto
impacto en la “inseguridad” no tiene bases verificables. Tampoco existen
argumentos racionales que indiquen que para salir de la “tutela” del actual
Régimen Penal Juvenil se deba necesariamente “bajar la edad de imputabilidad”. Existe
en ese razonamiento –enarbolado algunas veces desde una supuesta perspectiva
progresista- algo de extorsivo: el costo de obtener un régimen legal respetuoso
de garantías para los chicos y chicas -dejando atrás la Ley Nº 22.278 de la
Dictadura. El jurista chileno, Julio Cortés Morales, lo describió con lucidez:
“Hoy en día el Estado es capaz de otorgar más garantías a la vez que incrementa
los niveles de punición, resolviendo con eso dos exigencias contradictorias, o
a lo menos difíciles de conciliar”.
Nuestra
experiencia histórica enseña que el gobierno está haciendo exactamente lo
contrario de lo que se necesita para reducir la violencia social y el delito. No
confrontar claramente esta política regresiva y represiva que postulan Macri y
Garavano allana el camino de la violencia institucional y nos aleja de la paz
en nuestra patria, donde las víctimas además son también los niños y niñas de
los sectores populares.
El
cinismo de esta propuesta hacia el “piberío pobre” es un reflejo de la concepción
económica neoliberal de un Estado desertor y otra cara es la desidia que han
demostrado en la sub-ejecución presupuestaria en áreas de salud, empleo, políticas
sociales y educación; que pone en evidencia la absoluta ausencia de compromiso del
Gobierno de Macri con los derechos de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
La reciente desarticulación de políticas y programas destinados a la inclusión desde
el Ministerio de Educación es una evidencia de lo señalado.
Un
proyecto de país sensible a los intereses populares, jamás debería privar a la
infancia de sus derechos, ni incrementar la violencia estatal contra la
adolescencia que el propio modelo excluye.
Con
este Comunicado expresamos nuestra posición e invitamos a colegas,
especialista, organizaciones sociales y colectivos comunitarios a sumar sus
voces e ideas.
Macri….,
con los pibes no.
Buenos Aires, 05 enero
2017
FIRMAS:
Adrian Rozengardt, Alejandra Barcala, Claudio Franchello, Daniel Molina, Felicita Elías, Gabriel Lerner, Gustavo Piantino,
Jose Machain, Marcelo Brignoni, Marisa Herrera, Paula Chinellato, Ruben Zarate.
Integrantes del Observatorio de Derechos de Infancia y Adolescencia "EDUARDO
BUSTELO"
