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Histórica resolución de la ONU insta a los Estados a regular proveedores de educación y respaldar la educación pública.
En una nueva resolución histórica hecha pública el viernes (8 de julio) y celebrada por 21 organizaciones de la sociedad civil, el Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU insta a los Estados a regular a los proveedores de educación y a invertir en la educación pública.
La resolución adoptada durante la 32ª sesión del Consejo de Derechos Humanos (13 de junio al 1º de julio de 2016) insta a todos los Estados a “acabar con todas las repercusiones negativas de la comercialización de la educación”, en particular, mediante el establecimiento de un marco regulador a fin de reglamentar y supervisar las actividades de los proveedores de servicios educativos, exigiendo responsabilidades a aquellos cuyas prácticas incidan negativamente en el disfrute del derecho a la educación, así como promoviendo actividades de investigación.
“Otras autoridades de derechos humanos de la ONU, como el Relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación y los órganos de supervisión de la ONU ya habían mostrado una gran inquietud por el crecimiento explosivo y no regulado de los proveedores de educación privados. Esta resolución conlleva un fuerte posicionamiento político de los Estados sobre este análisis que no deja lugar a más dudas: los Estados tienen la obligación con relación a los derechos humanos, así como la de regular adecuadamente a los actores privados y de resistirse a la comercialización de la educación”, explicó Delphine Dorsi, del Proyecto Derecho a la Educación.
Esta resolución da seguimiento a una resolución anterior, adoptada en junio de 2015, que trataba algunas de estas mismas cuestiones, pero esta vez incluye la necesidad de abordar la comercialización de la educación en el núcleo del texto.
La resolución fue adoptada por consenso de los miembros de los 47 miembros del CDH, lo que subraya la solidez del respaldo que recabó.
Camilla Croso, presidenta de la Campaña Mundial por la Educación (CME) y coordinadora general de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), subrayó que: “La Comisión Internacional sobre la Financiación de la Oportunidad Mundial de la Educación, que está concluyendo sus recomendaciones al Secretario General de la ONU, debe tener en cuenta las obligaciones legales de los Estados con la garantía del derecho a la educación, recordadas por el CDH. Los Estados deben aumentar la financiación nacional e internacional para la educación pública; cualquier solución de financiación que comprometa la idea de la educación como un bien público va en contra de la legislación internacional de derechos humanos y en contra de esta resolución.”
Silvia Alonso, coordinadora de la red Incidencia Civil en la Educación (ICE), miembro de la CLADE en México, expresó: “La nueva resolución es sumamente importante para subrayar los compromisos y obligaciones estatales en materia del fortalecimiento de los sistemas públicos de educación , especialmente dado el creciente fenómeno de la privatización de la educación pública, en muchos casos encubierta, que viene sucediendo en México y en varios países de nuestra región, así como el traspaso de recursos públicos a iniciativas de educación privadas con fines de lucro.”
