Respuesta pública al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires ante su discriminatoria explicación.
Ante la publicación del Ministerio de Educación de Caba en Facebook en relación a los antijurídica decisión de negar el derecho de Alan Rodríguez a su título secundario, las 140 organizaciones. de la sociedad civil que forman el "Grupo Art 24 por la Educación inclusiva" acordaron el siguiente comunicado (al que adhiero).
El siguiente texto responde a lo sostenido públicamente por el referido organismo:
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| Link: https://goo.gl/0Oc1Cl |
La educación media básica es un derecho humano de todos/as que requiere, entre otras cosas, la acreditación de los/as estudiantes con discapacidad de acuerdo al plan de estudios más adecuado para su desarrollo, que contemple, reconozca y valore adecuadamente sus capacidades, méritos, habilidades y aportaciones al mundo. Ello se opone al establecimiento de criterios rígidos, excluyentes y normalizadores de acreditación, que presuponen que todos/as deben aprender lo mismo, de una cierta forma y en cierto tiempo.
Lamentamos la respuesta oficial del Ministerio que, una vez más, da muestras de un profundo desconocimiento de los detalles del caso de Alan y del derecho humano a la educación inclusiva, reconocido en la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que en Argentina tiene jerarquía constitucional.
La existencia de adecuaciones curriculares no implica no haber alcanzado los contenidos mínimos. Alan recibía su boletín con excelentes calificaciones, no desaprobó ningún examen ni debió volver a rendir una materia y no se le advirtió que no estuviera alcanzando contenidos mínimos para la obtención del título, pese a que la normativa indica que en el caso de no alcanzarse algún contenido mínimo ese hecho debe hacerse constar en toda la documentación escolar, en cada materia, indicando a qué año corresponden los contenidos no alcanzados cada uno de los años.
El Ministerio sabe esto. Sin embargo, en lugar de hacer lo que haría si se tratase de cualquier otro estudiante con excelentes calificaciones en su boletín, opta por atender sólo a las explicaciones de la escuela y avalar su accionar de no entregar el título, porque Alan es un joven con discapacidad intelectual.
Aun si no se hubieran alcanzado ciertos contenidos mínimos, Alan tiene derecho a la educación media, y a ser evaluado en relación con el plan de estudios de educación media elaborado para sus características y necesidades individuales. Sostener lo contrario y pretender evaluarlo de acuerdo a un plan de estudios inadecuado para su desarrollo, implica excluirlo de plano de la educación media básica, que en nuestro país es obligatoria para todos/as los/as estudiantes. Garantizar la obligatoriedad de la escuela media para todos/as requiere necesariamente contemplar planes de estudios adecuados a la diversidad de los/as estudiantes.
El Comité de Naciones Unidas sobre Derechos de las Personas con Discapacidad reprendió al Estado Argentino, y señaló que en nuestro país la implementación del principio de educación inclusiva “se ve limitada, en la práctica, por la falta de adecuación de los programas y planes de estudio a las características de los educandos con discapacidad, así como por la prevalencia de barreras de todo tipo que impiden que las personas con discapacidad accedan al sistema educativo en condiciones de igualdad y no discriminación al resto de los estudiantes”. Esto implica que deben modificarse los “marcos normativos” que ahora invoca el Ministerio, ya que mantenerlos implica decidir que la educación media es sólo para ciertos/as estudiantes, y no para otros. Cabe resaltar, además, que en el caso de Alan no serían aplicables de ninguna manera, debido a que no se lo notificó como prevén las propias regulaciones locales.
En suma, una vez más, reclamamos al Ministerio que cumpla con su obligación constitucional entregando el título a Alan, y removiendo las barreras normativas y de toda clase que él mismo genera para obstaculizar el acceso de las personas con discapacidad a la educación media básica y obligatoria. También, solicitamos al Ministerio que deje de infligir el innecesario daño moral que hoy genera a Alan, que en adelante evite realizar manifestaciones de este tipo sobre casos individuales, y que en su lugar se disponga a desarrollar políticas públicas que garanticen la educación inclusiva, en consulta estrecha con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan.
Alan es un ejemplo en muchos sentidos, y para mucha gente. Con la lucha por su título, debe ser ahora también un ejemplo para que las autoridades públicas adviertan que el modo en que conciben el rol de la escuela ante las distintas trayectorias educativas, puede y debe cambiar. Están ante una oportunidad histórica de adoptar medidas que empiecen a reparar la enorme deuda de nuestro sistema educativo con las personas con discapacidad. Hacerlo es también adaptarse al mundo plural y diverso en que queremos vivir. No hacerlo, es violar derechos humanos perpetuando un sistema educativo excluyente.
Sres/as. funcionarios/as: ¡No pierdan esta oportunidad!
Jose E. Machain
Consejero por Legislatura Porteña
Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
