Denuncian los padres del Acosta

A una semana de que los estudiantes secundarios de la Escuela Normal Nº 2 Mariano Acosta levantaran la toma del establecimiento, medida por la que el gobierno de la Ciudad los denunció –y a sus padres– por “usurpación de espacio público”, un grupo de madres y padres de los chicos intenta abrir un canal de “diálogo serio para discutir el verdadero conflicto, que es el recorte de casi un 50 por ciento de las becas escolares” que el gobierno entrega todos los años, sostuvo una de sus integrantes, Vanina Baralbini. Los adultos encargaron la tarea de apertura de la negociación a dos funcionarios del estado porteño: José Machaín, miembro del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, y Gustavo Lesbegueris, defensor adjunto del Pueblo porteño.

A más de diez días de iniciado el conflicto, “no existió ninguna propuesta formal de reunión” por parte del Ministerio de Educación de la ciudad, señaló Baralbini a PáginaI12. Lo más parecido, sostienen los padres, fue la audiencia a la que los convocó, el viernes pasado, Verónica Andrade –titular de la fiscalía 1, donde fue radicada la denuncia–. “Nadie del ministerio apareció. Recién a las 22 se presentó un representante con la única intención de discutir la toma y no las becas”, afirmó.

“Estamos buscando abrir una mesa de diálogo en la que participen otros organismos además de las partes afectadas y donde no se esquive el verdadero problema, que es la no entrega de 30 mil becas”, aseguró Baralbini a este diario. Hasta el año pasado, fueron 64 mil los chicos que recibieron el beneficio.

Una de las participaciones que los padres solicitaron fue la de José Machaín, miembro del Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la ciudad, quien aceptó la invitación y se mostró preocupado por la caída de cerca de la mitad de las becas originarias “sin ningún fundamento”.

“Así como se dieron las cosas, obliga a pensar que fue una decisión arbitraria, porque no dieron a conocer el criterio que siguieron para realizar el corte, así como está claro que no hubo ninguna instancia de evaluación socioambiental en ninguno de los casos, ni en el de las personas que recibieron la beca ni en los de las personas que no”.

Mientras aguarda que las autoridades porteñas “brinden respuestas concretas” que expliquen el recorte, Baralbini coincidió con el consejero en que la medida “atenta” contra el derecho a la educación pública de los chicos, ya que “afecta a un número importante de alumnos de bajos recursos que muy probablemente, y a sabiendas de que no recibirán el beneficio, abandonen la escuela después del receso invernal”, sostuvo.

Por su parte, Machaín recalcó que “es obligación del gobierno dar a conocer los criterios aplicados” para la selección. “Después se podrá discutir si son justos o no, pero primero debe ponerlos sobre la mesa, cosa que hasta ahora no hizo”, concluyó.

Informe: A.B.